Menores no acompañados enfrentan la corte de inmigración sin representación legal ante la falta de fondos federales

Un cambio reciente en la contratación federal ha dejado a numerosos menores no acompañados compareciendo en las cortes de inmigración del Bajo Manhattan sin representación legal. La situación se deriva del vencimiento de un acuerdo federal que anteriormente proporcionaba asesoría a más de 24,000 niños en todo el país. Aunque la administración ha anunciado un nuevo contrato de 150 millones de dólares con el grupo Burke Law Group, con sede en Texas, el período de transición —que dura hasta mediados de agosto— ha creado un vacío significativo en el servicio.

Durante audiencias virtuales recientes, se observó a niños intentando navegar por complejos requisitos legales, como presentar solicitudes de asilo en inglés, sin la asistencia de un abogado. En varios casos, los jueces fijaron fechas para audiencias de seguimiento en solo unas pocas semanas, un cronograma que los defensores describen como insuficiente para conseguir asesoría o preparar una defensa. Jessica Richardson, abogada de la organización sin fines de lucro The Door, señaló que el calendario actual no permite suficiente tiempo para que los niños encuentren representación, establezcan una relación de confianza o documenten adecuadamente sus reclamos.

Faiza Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde, asistió a los procedimientos para observar el impacto de estos cambios. Tras las audiencias, Ali declaró que la convergencia de los cambios en la política federal y el vencimiento de los contratos de asistencia legal está exacerbando la crisis para los menores vulnerables.

A diferencia de los procesos penales, los niños en la corte de inmigración no tienen garantizada la asistencia legal financiada por el gobierno. Como resultado, muchos demandados quedan a cargo de gestionar sus casos por cuenta propia. En un caso, un niño que compareció ante la corte expresó incertidumbre sobre cómo completar el papeleo necesario para el asilo, y el juez presidente indicó que la corte no podía proporcionar asistencia directa para completar los formularios.

Los defensores legales siguen preocupados de que el ritmo acelerado de estas audiencias, combinado con la falta de asesoría disponible, pueda conducir a resultados desfavorables para niños que podrían tener reclamos válidos de protección. Se espera que el nuevo contrato federal entre en vigor el 15 de agosto, momento en el cual está previsto que los servicios legales se reanuden bajo la nueva supervisión.